La crisis social generada con la promulgación del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano -Ley 1005-particularmente en el sector salud que ha paralizado por más de cuarenta días la atención médica en el país, solicitando inicialmente la derogación del Art. 205, el sistemático respaldo que ha generado de sectores sociales como el autotransporte que solicita la derogación del Art. 137, el inicio de huelga de hambre del Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, Dr. Carlos Espinoza Aguilar, que han logrado la posterior derogación de los referidos artículos.

Sin embargo, ante la revisión meticulosa del contenido íntegro del nuevo Código del Sistema Penal, la mayoría de los sectores de la sociedad civil han solicitado que no solamente se deroguen los referidos artículos, sino que se proceda a la abrogación de todo el Código.

En este contexto de crisis que vive el país, el Comité de Coordinación Ejecutiva del H. Consejo Universitario de la UMSS, en reunión efectuada el viernes 5 del mes y año en curso, tomó la determinación de emitir un primer pronunciamiento solicitando la abrogación del nuevo Código del Sistema Penal – Ley1005- declarándose en estado de emergencia para lograr este cometido. En este entendido, a continuación se establecen los fundamentos que ratifican el pedido de abrogación de la referida norma:

1. No obstante que el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano determina que se funda en el mandato constitucional de los valores supremos, principios fundamentales, derechos y garantías establecidos en la Constitución, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, en su contenido los contradice de manera recurrente, generando su invalidez constitucional y convencional, precisamente por no adecuarse a estas normas supremas de nuestro ordenamiento jurídico, lo que repercute y repercutirá en el grado de aceptación general y cumplimiento del mismo.
2. Entre los principios fundamentales en los que se sustenta, el nuevo Código Penal determina que asume un enfoque despatriarcalizador y descolonizador, sin embargo en su contenido ha eliminado los delitos de proxenetismo, bigamia, abandono de mujer embarazada entre otros, contemplados en el Código Penal vigente, que protegían derechos de las mujeres, y no ha implementado políticas públicas que resguarden sus legítimos derechos y garantías; por otro lado, en el Art. 49 establece la sumatoria de penas o sanciones, contradiciendo la decantada teoría de la descolonización, pues este sistema de sumatoria de penas es propio del país imperialista y neoliberal como es los Estados Unidos de Norte América, al que de manera recurrente se lo cuestiona.
3. Del contenido y plexo completo del Código, se puede constatar que el mismo está inserto en el paradigma restaurativo que privilegia el derecho de la víctima y propone la solución amigable del conflicto, con intervención mínima del Estado, postura que no ha merecido la difusión necesaria en los diversos sectores de la sociedad boliviana, que son sus directos destinatarios. Asimismo, se evidencia que el Código en cuestión ha sido elaborado sin adoptar políticas públicas predelictuales eficientes que permitan la restauración de la convivencia armónica en sociedad.
4. Al sancionar este Código, la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha ejercido el Control de Convencionalidad pues contradice Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos, cuando determina sin razón técnica las causas eximentes de culpabilidad del delito de aborto, al establecer 8 semanas para interrumpir el embarazo, cuando la Corte Interamericana en la Sentencia del caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, determinó como plazo 14 días, vulnerando de esta manera el carácter vinculante y obligatorio de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afectando de esta manera al derecho fundamental y humano más importante como es el derecho a la vida.

Además de lo señalado, la Universidad Mayor de San Simón entiende que resulta insuficiente la derogación de los Arts. 205 y 137 del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, por las razones que se exponen:

• • Dentro la clasificación de las sanciones penales aplicables a personas naturales, se tiene el de la inhabilitación, que puede ser desde 6 meses hasta diez años, la inhabilitación será de cumplimiento efectivo por el tiempo establecido en la sentencia, independientemente del cumplimiento, reducción o eliminación de las otras sanciones impuestas. Entonces, si bien el autor de un delito es merecedor de algún beneficio como el indulto de la privación de libertad, la inhabilitación se debe cumplir por el tiempo determinado en sentencia, lo que supone un castigo de muerte civil.
  • En el contenido del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano promulgado se tiene como delitos: las lesiones, sean estas leves, graves o gravísimas. Por otro lado, se encuentran tipificados como delitos el homicidio culposo y el asesinato, que los puede cometer cualquier ciudadano incluidos los profesionales médicos y de otras ramas, además de los futuros profesionales a los que forma la Universidad Mayor de San Simón, así como los choferes; entonces los que cometan estos delitos pueden merecer también la sanción de inhabilitación que se tiene explicado en el numeral 1, lo que permite entender que la derogación de los Arts. 205 y 137, resulta insuficiente.
  • El Art. 297 del Código Penal vigente establece el delito de ATENTADOS CONTRA LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA, como resguardo de la actividad propia y principal de la UMSS y de toda entidad educativa. Sin embargo, este mismo delito no se encuentra contemplado en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, lo que contradice lo dispuesto por el Art. 9-5) de la Constitución Política del Estado, que considera a la educación como fin y función fundamental del Estado.
  • El delito de injuria, previsto por el Art. 309 en el nuevo Código del Sistema Penal Boliviano y que se encuentra vigente en el actual Código, pasa de ser delito de orden privado a ser delito de orden público, de manera incoherente. Fuera de ello sin embargo, este artículo en su numeral II, resulta atentatorio al derecho a la libertad de expresión en medios masivos de comunicación, por cuanto sanciona a la persona que reproduzca en medios de comunicación la injuria inferida por otro, determinación de textura abierta que desde luego contradice la garantía prevista por el Art 106-II de la Constitución Política del Estado, que garantiza la libertad de expresión, comunicación e información por cualquier medio, incluido el sistema de información vía internet.
  • El Art. 19 establece de manera inexplicable, toda infracción penal como dolosa, siendo la excepción a esta regla, la culpa, cuando así lo determine este código, e introduce la culpa temeraria, que resulta lesiva a los intereses de la ciudadanía, si se considera que la culpa es imprevista, a diferencia del dolo que constituye una acción prevista o querida en sus resultados.
  • De manera general se puede constatar que en los delitos de acción pública, como el delito de robo, secuestro, asesinato y otros, se reduce la pena y, por otra parte, deroga algunos delitos de corrupción y minimiza las penas para los ilícitos subsistentes.
  • 7. Finalmente, el contenido íntegro del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano tiene una redacción de textura abierta que permite demasiada subjetividad en la aplicación de la calificación jurídica y sus respectivas sanciones o penas.

Cochabamba, enero de 2018

COMITÉ DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO